Diseñaremos las actuaciones urbanísticas para favorecer los paseos al mar desde cualquier barrio de Málaga.

Conectaremos la ciudad con el programa 'Málaga de Punta a Punta' interconectando los puntos de concentración laboral como la UMA; el PTA, los polígonos, etc.

Dentro de las actuaciones de mejora del espacio público, impulsaremos el plan ‘Luz en las plazas’ y ‘Color en la ciudad’.

Elaboraremos un censo de viviendas susceptibles de ser rehabilitadas, estableciendo las prioridades de actuación y facilitando los posibles medios y recursos de las administraciones que hagan viable su renovación.

Facilitaremos, a través de bonificaciones en el IBI, la rehabilitación y la mejora de edificios de más de 50 años de antigüedad, en las que se acometan obras de rehabilitación que conlleven mejoras en el acceso y en la eficiencia energética y/o hídrica. Estas bonificaciones se aplicarán a los propietarios que no dispongan de la renta ni patrimonio suficiente.

Promoveremos la instalación de ascensores en fincas antiguas, especialmente en aquellas con vecinos de escasos recursos para garantizar la movilidad y acceso de sus habitantes. Se desafectará el espacio público que sea necesario para la instalación de ascensores cuando no existan soluciones constructivas que permitan la instalación de los mismos en el interior de los edificios.

Acometeremos, cuando sea posible presupuestariamente, la demolición de las infraviviendas y la construcción de nuevos edificios de calidad, evitando el desarraigo de muchas personas que llevan toda su vida residiendo en el mismo barrio.

Agilizaremos los trámites para la concesión de las licencias para las obras de rehabilitación y renovación de viviendas, edificios y barrios.

Fomentaremos la seguridad y aislamiento de los edificios, especialmente la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros. Implantaremos, de manera progresiva y ordenada en función de su antigüedad, la ITE (Inspección Técnica de Edificios) para aquellos edificios de uso residencial que tengan más de 40 años (contados a partir de su terminación o de su completa rehabilitación), que contemple una periodicidad mínima que no supere los 15 años, y que incluya la certificación de la eficiencia energética de las viviendas.

Formularemos una estrategia global municipal, ya sea a través del planeamiento urbanístico o de un instrumento específico de regeneración urbana integrada, que articule actuaciones de conservación, mejora, rehabilitación, renovación o sustitución de edificios de viviendas, con la mejora de la urbanización de los espacios públicos y/o de los equipamientos, y que contemple medidas sociales, ambientales y económicas sobre la ciudad.

Promoveremos la convocatoria para la selección, por parte de la Administración General del Estado, de actuaciones de regeneración urbana integrada, en cuya ejecución participará junto a las administraciones locales y cuantas quieran sumarse, al objeto de incentivar la sostenibilidad ambiental, la actividad económica y la cohesión social y territorial.

Impulsaremos la vivienda protegida, especialmente en suelo público, de la que la mayor parte irá destinada al alquiler, priorizando el acceso a estas viviendas a los jóvenes y mayores. El 40% de las viviendas nuevas serán viviendas públicas.

Impulsaremos programas de permuta para promover viviendas protegidas garantizando el acceso a la vivienda a los ciudadanos con alguna discapacidad o a las personas con dificultades en la movilidad que residen en viviendas o edificios inaccesibles y que por ser propietarios de una vivienda, no pueden optar a una vivienda protegida accesible. Las viviendas que no garantizan la accesibilidad, podrían ser ofrecidas en alquiler a jóvenes que necesitan emanciparse y no encuentran una vivienda asequible.

Promocionaremos el alquiler con opción a compra para que las familias con
dificultades de acceso a crédito puedan cumplir su anhelo en un futuro inmediato.

Propondremos que ningún ciudadano o ciudadana, que teniendo derecho al acceso a una Vivienda de Protección Oficial, tenga que renunciar a la misma por encontrarse en paro. Para ello, promoveremos que a aquellos adjudicatarios que entrasen en situación de desempleo, se les garantice el mantenimiento del derecho a acceder a una vivienda protegida, ofreciendo la posibilidad de acceder en un momento posterior a otra vivienda de la misma Oferta Pública, o a una vivienda pública en alquiler.

Contribuiremos a la promoción de nuevas viviendas protegidas facilitando la absorción del excedente de vivienda existente. Para ello, se incentivará la conversión de estas viviendas en protegidas, según lo establecido en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación. A tal fin, se suscribirán acuerdos con aquellos promotores que estén dispuestos a transformar su stock de vivienda en vivienda protegida, para ofrecerles compradores o inquilinos, según sean en venta o en alquiler, de entre los demandantes de vivienda que estén inscritos en los registros públicos de demandantes.

Destinaremos suelo público a la promoción de viviendas protegidas, especialmente dirigidas a aquellas personas que ganen menos de 33.000 euros anuales (4,5 veces el iprem).

Situaremos las promociones de vivienda protegida tanto en zonas de expansión urbana, como en barrios consolidados y también en suelos de alto valor económico, con el objeto de evitar la creación de guetos y favorecer la integración de colectivos con riesgo de exclusión social.

Impulsaremos procesos de realojamiento de familias afectadas por expedientes de expropiación forzosa, para garantizar a las personas afectadas el acceso a una nueva vivienda evitando situaciones de posible exclusión social.

Adoptaremos desde una perspectiva integral la mejora urbana en barrios degradados que abarque la vertiente urbanística, el acceso a la vivienda, la mejora del espacio público, y también actuaciones de carácter social, como la mejora de la ocupación y formación de sus habitantes, y la creación de equipamientos públicos.

Promoveremos la movilización del parque de viviendas vacías mediante fórmulas que garanticen a los propietarios que se decidan a alquilarlas, a través, entre otras actuaciones, de la creación de servicio municipal de alquiler.

En cumplimiento de nuestro compromiso con el buen gobierno y la transparencia, trabajaremos de forma decidida en el control del fraude en la venta y en el uso de las viviendas de protección realizadas o promovidas a nivel municipal, mediante el Registro de Demandantes, realizando un exhaustivo control de los peticionarios que acceden a él; y ejercitando, cuando proceda, el derecho de tanteo y retracto.

Fomentaremos la calidad en la edificación, en cumplimiento del Código Técnico de Edificación, en especial en la vivienda protegida, con la elaboración de ordenanzas municipales que lo complementen con el objetivo de apoyar la construcción de viviendas y barrios sostenibles.

Incentivaremos la Eficiencia Energética. Mejoraremos los niveles de eficiencia energética gracias al impulso de la creación de ITEs energéticas y la concesión de certificados energéticos. La rehabilitación energética de edificios se realizará mediante las Empresas de Servicios Energéticos y se autofinanciarán con el ahorro conseguido.